Desde su creación en 1937, Guernica ha protagonizado no únicamente debates sobre su significado sino también sobre el lugar que debía ocupar y dónde debía ser conservado. Esta cuestión trasciende su valor material hacia otro relativo a su propiedad moral y simbólica, que aunque en ocasiones se cruzan, desbordan lo meramente económico. Los debates sobre su propiedad legítima aumentaron tras la muerte de Picasso, quien dejó escrito que el cuadro “pertenecía al pueblo español”. Frase célebre que no obstante resultaba ambigua y problemática en las discusiones sobre su pertenencia legal que tuvieron lugar durante la Transición española.

En los casi cuarenta años que el cuadro estuvo en depósito en el Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA) mientras el pintor vivió, Guernica siempre perteneció a Pablo Picasso, pese a los intentos de Alfred H. Barr Jr. de adquirirlo para el museo. Atendiendo a las cartas conservadas, se sabe que el Gobierno de la República, a través de la Embajada de España en Francia, en mayo de 1937 pagó a Picasso una elevada cantidad en concepto de gastos de materiales para la realización del encargo, entendiendo ese gesto como la compra simbólica del cuadro. No obstante, al clausurarse el pabellón de España en la Exposición Internacional de París, como se lee en la documentación, Picasso recogió Guernica al no ser reclamado por nadie de la Embajada.

Las implicaciones de la propiedad del cuadro eran mucho más que económicas. Desde el punto de vista artístico, la exposición y propiedad de Guernica otorgaba un prestigio incalculable al custodiar una obra que inmediatamente había sido asumida como una pieza clave en la definición del canon artístico occidental. Por otro lado, el reconocimiento de su valor simbólico, desde el punto de vista político, ejercía también fuertes presiones. Ya en 1966, en España, estudiantes universitarios solicitaron públicamente que el cuadro fuera trasladado al país; y, en 1968, fue reclamado por el régimen franquista en el contexto de las políticas de apertura, en una operación de maquillaje, por cuanto la presencia de Guernica en España habría significado simbólicamente para la imagen internacional del país.

Picasso fue siempre firme al declarar que el cuadro no estaría en España mientras hubiera una dictadura, y encomendó al abogado Roland Dumas hacer cumplir su voluntad a este respecto cuando muriera. El escrito que Picasso firmó, donde expresaba que el cuadro pertenecía al pueblo español y que deseaba que fuera trasladado a España cuando este recuperara las libertades democráticas, era ambiguo. Además, en otro documento especificaba que se refería a cuando volviera el Gobierno de la República. Esto hizo que, en el marco de las negociaciones tras la muerte de Francisco Franco, tanto el Gobierno español como el MoMA reactivaran el debate sobre la legitimidad del cuadro, extendiendo la discusión no solo a la propiedad del cuadro, sino también a la solidez de la democracia en España. El Gobierno defendía que si bien los herederos poseían los derechos morales, el Estado español era propietario del cuadro al haber sido artífice del encargo. Todo ello se apoyaba en una exhaustiva investigación que Javier Tusell realizó sobre las cuestiones oficiales y administrativas que afectaban a Guernica.

No fueron las únicas reclamaciones que reivindicaban el lugar legítimo del cuadro. También desde México, en 1972, donde residía una parte importante de los exiliados españoles, y el País Vasco: en 1977, coincidiendo con el 40 aniversario del bombardeo, la villa de Gernika manifestaba que el cuadro debía honrar a las víctimas del pueblo. Su traslado al Museo Reina Sofía en 1992 generó un nuevo debate protagonizado por políticos, críticos de arte y los herederos del artista, quienes señalaban que el cuadro debía conservarse en el Museo del Prado.

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